En Islandia, todo es blanco o negro. No existe la escala de grises. La opositora Alianza Socialdemócrata ha ganado las elecciones legislativas anticipadas en Islandia celebradas el pasado sábado y podría formar Gobierno, pero necesitaría el apoyo de otras dos fuerzas políticas, según el recuento final difundido por la Autoridad Electoral islandesa. Escrutado el 100% de los votos, los socialdemócratas obtienen el 20,8%, por delante del conservador Partido de la Independencia del primer ministro Bjarni Benediktsson, con el 19,4%, y el liberal Reforma, otra fuerza opositora, con el 15,8%. El Partido del Pueblo logró el 13,8%, el Partido de Centro el 11,5% y el Partido Progresista, que integraba la coalición en el poder, el 7,8%. Dos fuerzas pierden sus escaños en el Alþingi (Parlamento): el Movimiento de Izquierda Verde en el Gobierno hasta octubre pasado y cuya salida provocó el adelanto electoral, con el 2,3%, y el Partido Pirata, con el 3%. El Partido Socialista, al que los sondeos situaban en la Cámara, se ha quedado en el 4%, lejos de la barrera mínima del 5 %.

El resultado supone un duro golpe en la línea de flotación de la coalición que ha gobernado esta isla del Atlántico Norte con cerca de 390.000 habitantes en los últimos siete años, con una caída conjunta de 24 puntos porcentuales y 18 mandatos. Los conservadores ceden casi cinco puntos y pierden dos escaños, mientras que los progresistas retroceden casi 10 y ceden ocho diputados. Peor todavía le ha ido al Movimiento de Izquierda Verde, cuya antigua líder, Katrín Jakobsdóttir, fue primera ministra hasta abril pasado. El grupo cae 10 puntos y pierde los ocho escaños que tenía en la Cámara, un resultado que ya preveían los sondeos. A pesar de las diferencias ideológicas entre las tres fuerzas, el resultado electoral de 2017 les había llevado a cerrar un pacto de Gobierno que funcionó con normalidad en la primera legislatura y se vio respaldado por las urnas cuatro años después.

Pero la salida en abril de Katrín Jakobsdóttir para concurrir a las elecciones presidenciales (que perdió dos meses después frente a la empresaria Halla Tómasdóttir, actual presidenta del país) y las diferencias en materia de inmigración y política medioambiental provocaron en octubre la ruptura de la coalición. El resultado supone la segunda derrota electoral del Partido de la Independencia desde que Islandia se separó de Dinamarca en 1944. La anterior se había producido en 2009, en medio de la mayor crisis económica en la historia reciente del país, y entonces también ganaron los socialdemócratas, toda vez que la sociedad islandesa dejó caer literalmente el sistema al permitir la quiebra de los bancos. Desde ahí se pilotó una profunda renovación democrática y social en el país que comenzó por la eliminación de todos los rostros conocidos en la política hasta entonces y su sustitución por caras nuevas.

Sea como fuere, ninguna fuerza política suma los 32 escaños que marcan la mayoría absoluta en la Cámara, por lo que sería necesario al menos el apoyo de otro partido, ya que en Islandia no existe la posibilidad de gobernar en minoría. Y ya empiezan a olerse posibles pactos, alianzas y también vetos. Durante el tradicional debate de líderes políticos celebrado en la televisión pública RÚV, la líder socialdemócrata, Kristrún Frostadóttir, ya avanzó que se negaba en redondo a gobernar con los conservadores.

Se da la circunstancia de que Islandia es un país tradicionalmente escéptico hacia Bruselas. No obstante, los socialdemócratas y los liberales, las dos únicas fuerzas parlamentarias claramente a favor del ingreso en la Unión Europea, lograron hacer presión para que el país solicitase el ingreso en la UE en 2009, precisamente tras lo acontecido durante la mencinada crisis. Sin embargo, la parte liberal fue la única que defendió abiertamente la celebración de un referéndum a favor de este ingreso y, por falta de apoyos dentro del propio país, Islandia retiró la solicitud a la UE seis años después, coincidiendo con el cambio en el poder. Los partidarios del no, entre ellos el Partido del Pueblo, han sido históricamente mayoría, pero en los últimos meses las encuestas apuntan a que la situación ha vuelto a revertirse. La historia pendular de Islandia no se detiene.

Lo de negociar no se lleva

Las particularidades en la política islandesa no se quedan ahí. Ya simplemente la forma de convocar las nuevas elecciones fue poco menos que mencionable. El hasta ahora Gobierno de coalición estaba formado por el Partido de la Independencia, el Partido Progresista de centro-derecha y los Verdes de Izquierda. Tres partidos radicalmente distintos en cuestiones nucleares como la materia medioambiental o la inmigración. Tanto es así que la coalición se enfrentó a la peor incertidumbre de su historia después de que las recientes erupciones volcánicas obligaran a miles de personas a abandonar sus hogares, presionando a una economía que ya se enfrenta a una alta inflación y a unos tipos de interés disparados. 

«Hay puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones que van desde la política exterior hasta los solicitantes de asilo», declaró Bjarni Benediktsson a la cadena pública de televisión islandesa RÚV cuando ésta le preguntó si no sería más lógico hablar con los líderes de las otras formaciones de la coalición antes que dinamitar el Ejecutivo. «Considero que me estaría fallando a mí mismo, al partido y a los ciudadanos si pretendiera ser capaz de llevar adelante al Gobierno cuando no podemos llegar a una conclusión sobre las cuestiones que más importan a la gente», zanjó en un comunicado en sus redes sociales.

En las elecciones de la semana pasada se volvió a presentar como candidato. Perdió. Benediktsson, jefe del Partido de la Independencia, proempresarial y de derechas, fue elegido en abril primer ministro de Islandia, en sustitución de Katrin Jakobsdottir, después de que esta anunciara que dimitiría y se presentaría a las elecciones presidenciales, que perdió en junio. Esta es la segunda vez que Benediktsson no completa un mandato como primer ministro. El récord anterior es precisamente suyo, siendo el dirigente con la legislatura más corta en la historia de Islandia.

«Me importan un comino los expertos que dicen que sólo fueron unos días en el cargo, y que esto se escribirá en los libros de historia, y otras cosas. Lo único que importa ahora es que necesitamos un mandato más fuerte».

Bjarni Benediktsson, presidente del Partido de la Independencia

Más allá del ego personal, los desacuerdos han aumentado este otoño y la convocatoria de elecciones anticipadas, de hecho, pilló con el pie cambiado incluso a los miembros de la coalición, que en absoluto se manifestaron conformes con la conducta de Benediktsson. Mientras que los Verdes se mostraron sorprendidos y «bastante indignados» por ser la segunda vez que el primer ministro deja caer su propio Ejecutivo y lo calificaron como irresponsable, en las filas progresistas preocupaba la posibilidad de dejar asuntos pendientes importantes para la ciudadanía antes de los comicios. Mientras, en la Alianza Socialdemócrata cundía la idea de que si un mismo hombre no confía en sí mismo, habría sido difícil trasladar una imagen de confianza total a los ciudadanos.

Sin ultraderecha en el Parlamento, pero siguiendo sus postulados

En 2023, Islandia aprobó una normativa contra la inmigración que sigue la línea de los otros países escandinavos y que para las ONG no tiene ningún sentido más que el demostrar inhumanidad. El texto prevé que los solicitantes de asilo pierdan todos los derechos —desde la vivienda hasta la asistencia médica— 30 días después de recibir una respuesta negativa a su petición. La medida, que ha sido criticada por organizaciones humanitarias, ya ha dejado desprotegidas a 53 personas. El número de personas que piden asilo en Islandia ha aumentado de manera sustancial en los últimos años. En 2019, por ejemplo, este pequeño país de 387.000 habitantes recibió a 867 solicitantes de asilo, pero en 2022 se registraron más de 4.500 peticiones de protección, de las cuales 3.455 tuvieron una respuesta positiva. En los primeros seis meses de 2023, llegaron a Islandia 2.480 solicitantes de asilo.

Islandia es, según el Global Peace Index, el país más seguro del mundo y las autoridades comenzaron a ver una muerte de éxito cercana. En otoño de 2022, el Gobierno de Katrín Jakobsdóttir solicitó oficialmente a las autoridades de Caracas que prohibieran los anuncios que invitaban a los venezolanos a trasladarse a Islandia. En abril, la Dirección General de Migraciones incluyó sorprendentemente a Venezuela en la lista de países seguros, una decisión que, en los últimos tres meses, ha provocado más de 500 denegaciones de solicitudes de protección presentadas por venezolanos. Además de venezolanos, a Islandia llegan ucranianos (el grupo más numeroso en 2022, con 2.347 solicitantes de asilo, todos ellos con estatus de protección internacional garantizado y procedimiento de evaluación especial) y también iraquíes, afganos, sirios, somalíes y palestinos, entre otros.

«La inmigración es el problema más urgente para nuestro país en este momento», llegó a declarar la ahora exministra de Justicia, Guðrún Hafsteinsdóttir, que ofreció una contribución de hasta 3.000 euros por persona, más el pago del billete de avión, a los refugiados que decidieran marcharse de forma voluntaria. Su departamento intentó presentar, a finales de septiembre, un proyecto de ley que autorizara a las autoridades islandesas a confinar a los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, en centros de alojamiento cerrados. Un proyecto que 28 ONG presentes en Islandia ya han definido como un intento del Gobierno de establecer campos de detención. «Deben mostrar voluntad de cooperar, respetar la ley y marcharse. Nadie tiene que vivir en la calle, solo tienen que salir de Islandia y volver a sus hogares», agregó Hafsteinsdóttir.

«Nos lo hemos jugado todo al turismo. Culpar a los solicitantes de asilo es, simplemente, propaganda».

Nína Helgadóttir, jefa de la Unidad de Refugiados de la Cruz Roja en Islandia

«Tenemos, por un lado, a algo más de 4.000 inmigrantes en el país, a los que se considera la causa de todos los problemas de Islandia. Y, por otro, la asociación de empresas islandesas informa de que actualmente hay un déficit de 12.000 trabajadores«, resalta Nína Helgadóttir, jefa de la Unidad de Refugiados de la Cruz Roja en Islandia. «Entonces, ¿por qué no damos a los solicitantes de asilo el permiso de trabajo que piden? ¿Por qué no les permitimos vivir dignamente, en lugar de deportarlos, de promulgar una ley que los priva de sus derechos fundamentales?». Y añade: «Nos lo hemos jugado todo al turismo, más allá de cualquier límite posible. Culpar a los solicitantes de asilo de este círculo vicioso es terriblemente injusto. Simplemente, propaganda».

Un dato final: curiosamente, Islandia es uno de los poquísimos países de Europa en cuya cámara parlamentaria no existe la representación de la ultraderecha. Ya no es que no tengan escaños en ella por derecho propio, sino que la ultraderecha apenas cosechó el 0,1% de los votos con la formación libertaria y antivacunas Futuro Responsable, lo más parecido a la extrema derecha que existe en Islandia. Y sin embargo, un país con tradiciones políticas más proclives a pactar entre derecha e izquierda se ha abonado a un discurso y a unas formas más típicos de sus vecinos, donde la ultraderecha es tercera, segunda fuerza, o incluso ya forma parte de una coalición de gobierno.