Hasta 2021, la prensa de todas partes del mundo se llenaba de noticias que más bien ejercían de agencias de colocación, como si fueran cualquier réplica de Job Today. Finlandia buscaba médicos, enfermeros, ingenieros, expertos en software, tecnología y ciberseguridad, programadores, metalúrgicos, expertos marítimos y hasta educadores. Y eso que Finlandia es el adalid a seguir de la educación pública mundial con un sistema copiado y envidiado más allá de Europa. Los salarios eran golosos para todo aquel que tuviera ganas de trabajar, una experiencia irrisoria en su campo de actuación y estuviese harto de las condiciones laborales de su país de origen. La explicación era la grave crisis demográfica que asolaba al país, altamente envejecido. Actualmente, cuatro de cada 10 personas son mayores de 65 años en un país de 5,5 millones de habitantes.

Hasta este año. Tras las elecciones, que ganó el partido conservador, que formó gobierno en coalición con el ultraderechista Partido de los Finlandeses y tres formaciones de derecha más, la estrategia ha virado tan a la derecha que el odio ha dado paso a una curiosa paradoja: el tejido económico finlandés se muere sin migrantes. Finlandia es consciente de ello y por eso los busca. Y al mismo tiempo, tiene en marcha la llamada Ley de Emergencia sobre Migración que, de tan extremista como es, choca directamente con los preceptos legislativos más básicos de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Por resumirlo en una frase: Finlandia está expulsando del país a las personas que llegan en busca de refugio, seguridad y una vida mejor; pero a las que además necesita para cubrir puestos de trabajo que no quiere ocupar ningún finlandés.

El primer ministro, Petteri Orpo, ha lanzado un paquete de reformas migratorias que desafía la lógica económica del país. A pesar de la evidente escasez de mano de obra, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y la tecnología, el Ejecutivo ha decidido reducir la inmigración bajo el pretexto de mejorar las finanzas públicas y combatir el desempleo, que hoy día es una auténtica lacra para un país con una densidad de población tan baja: se sitúa en el 8,4% y es uno de los más altos de la UE, sólo por detrás de España y Grecia. Sin embargo, Finlandia está enviando el mensaje de que no quiere ni necesita a los trabajadores extranjeros, aunque la realidad demuestre lo contrario.

60 millones de euros menos en integración

Los recortes propuestos incluyen quitar de en medio 60 millones de euros de los programas de integración. Esto supone dejar ese presupuesto prácticamente a cero y la iniciativa, al borde del desmantelamiento, con lo que ello conlleva. Y es que Finlandia tiene dos grandísimos hándicaps para atraer mano de obra: el clima y el idioma. Contra el primero, nadie puede hacer nada. Pero contra el segundo existen (hasta la llegada de la Ley de Emergencia sobre Migración) programas de inmersión lingüística, tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada.

Eso se acabó. El Ejecutivo ha delegado la responsabilidad a los municipios, quienes ya han advertido que esta medida empeorará la situación en áreas críticas como la enseñanza de idiomas. Pese a que algunas empresas imparten cursos de finés o directamente llegan a cambiar el idioma laboral al inglés para favorecer la integración, ésta queda en un hilo en un país en el que es obligatorio el uso del finés, tanto para el ámbito laboral como para la vida diaria. Es cierto que el 70% de la ciudadanía finlandesa habla inglés con fluidez, pero por cuestiones culturales, el finés (hablado por el 91% de la población) y el sueco (hablado por el 5%), son irrenunciables.

“Finlandia está expulsando del país a las personas que hacen posible el crecimiento económico”.

Juhani Nokela, director de la Academia Finlandesa de Tecnología (TEK).

120 días

La ley de los 120 días es una de las reformas más controvertidas. Esta medida implica que cualquier persona inmigrante que pierda su empleo tiene sólo tres meses para encontrar otro o será deportada. Este es precisamente el punto más criticado por los expertos, que advierten de que las consecuencias de esta política serían extremadamente nefastas para una economía que necesita trabajadores extranjeros, incluso en plena recesión. «Es ridículo: Finlandia está expulsando del país a las personas que hacen posible el crecimiento económico», argumenta el director de la Academia Finlandesa de Tecnología (TEK), Juhani Nokela. «Tú pregúntale a cualquier finlandés si quiere trabajar en la obra entre octubre y marzo, y verás lo que te responde. Esa gente llega aquí con el único propósito de tener una vida mejor, y eso va a llenar las arcas públicas con su contribución al sistema, que es en definitiva lo que cualquier economía necesita para salir de una crisis. ¿Y qué se encuentran? Que, en lugar de tratarles como a salvadores, se les trata como a una carga. Es de idiotas».

Los sectores tecnológicos, estratégicos para el crecimiento del país, dependen de trabajadores internacionales, pero las políticas migratorias están dañando seriamente la imagen de Finlandia como destino atractivo. Lo saben hasta en la Cámara de Comercio de Finlandia, desde donde hacen llegar este mensaje: «La incertidumbre para las personas inmigrantes es enorme. Es dificilísimo, por no decir imposible, atraer a profesionales de cualquier parte, etnia y condición cuando el Gobierno envía el mensaje de que, por mucho que les necesitemos aquí, no los queremos aquí».

Puertas cerradas a la sanidad pública

El endurecimiento de las normas migratorias no sólo afecta a quienes buscan trabajo por la vía «legal», sino a quien escapa de la violencia de su país de origen con permiso de asilo o refugio o sin él. Lo que se denomina «inmigración irregular». A partir de ahora, estas personas sólo podrán recibir atención médica pública en urgencias. Esta decisión ha sido duramente criticada por asociaciones de médicos, que la califican de «inhumana y peligrosa». «Este tipo de medidas no sólo reflejan la crueldad de un gobierno que prioriza el dinero sobre la vida humana, sino que también perpetúan una narrativa que asocia la migración con problemas de toda índole», aseguraba recientemente la Liga Verde. «Y eso es una falacia para la cual se acaban los calificativos. La inmigración no es un problema; el problema es la xenofobia en la que Orpo y su equipo se han instalado para darles el gusto a la ultraderecha».

Lo cierto es que, pese a todas estas trabas, Finlandia sigue siendo un destino atractivo para buscarse la vida, especialmente para los refugiados de Ucrania y trabajadores de países en vías de desarrollo como Sri Lanka, Filipinas e India. Entre 2022 y 2023, la inmigración neta en el país aumentó el 70%, según los datos del Ministerio de Asuntos Interiores. Ese dato es la prueba para el Partido de los Finlandeses de que hay que cerrar la puerta a lo de fuera. «La política de inmigración del país tiene que racionalizarse», afirma la portavoz de la formación extremista, Riika Purra.

¿Una ley ilegal?

Discursos como estos están empezando a dañar la reputación de Finlandia en el ámbito internacional, según denuncian tanto los partidos políticos más moderados e izquierdistas como los expertos de casi cualquier entorno laboral y las asociaciones humanitarias. «Esta ley socava gravemente el acceso al asilo y la protección frente a la devolución en Finlandia», afirma la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, Dinushika Dissanayake. «No sólo pone en peligro los derechos de las personas que buscan seguridad, sino que, además, conducirá a la arbitrariedad y la violencia en la frontera».

Para Amnistía Internacional, esta ley nunca debería haberse aprobado por dos motivos: primero, compromete el cumplimiento del Estado de derecho por parte de Finlandia y segundo, compromete el ajuste del derecho finlandés con el derecho europeo e internacional, que siempre prevalece sobre los demás. Los tratados internacionales establecen que debe respetarse el principio de no devolución y que siempre deben investigarse las denuncias de violaciones graves de derechos humanos caso por caso y país por país antes de tomar una decisión sobre el destino de las personas, independientemente de cómo hayan llegado éstas al territorio nacional.

«Esta ley es incompatible con la recién aprobada normativa de la UE sobre crisis y fuerza mayor. Va más allá de todos los poderes otorgados por la legislación de la UE y esperamos que la Comisión Europea examine rigurosamente su legalidad», insiste Dissanayake. La normativa finlandesa define la instrumentalización de la migración como «las acciones de «Estados u otros actores encaminadas a facilitar movimientos migratorios irregulares hacia otro país en un intento de desestabilizar éste». Fue presentada en el Parlamento y aprobada por la mayoría de la coalición conservadora como respuesta al aumento de número de personas que entran en Finlandia desde Rusia en busca de asilo desde que comenzó la guerra de Ucrania, e imita en gran medida a las moratorias de Letonia, Lituania y Polonia.

«No conozco ningún Estado que quiera hacer de sí mismo un país en el que nadie quiere vivir»

Pasi Saukkonen, investigador de la Universidad de Helsinki

Además, universidades como la de Helsinki ya ha publicado informes en los que afirma haber notado una reducción en el interés de académicos extranjeros en realizar estancias de investigación allí. Otras organizaciones empresariales, como Business Finland alertan de que los expertos internacionales se sienten cada vez menos bienvenidos. La TEK realizó una encuesta a más de 1.000 trabajadores extranjeros del sector tecnológico, de los cuales el 80% consideró que Finlandia será un lugar peor para inmigrar en los próximos cinco años.

«Es un panorama absolutamente descorazonador», asegura el investigador de la Universidad de Helsinki, Pasi Saukkonen, por correo electrónico. «No conozco ningún Estado que quiera hacer de sí mismo un país en el que nadie quiere vivir». Este experto es bastante pesimista en lo concerniente al futuro de su país, que, según sus pronósticos, agotará sobradamente la legislatura y aún pasará mucho tiempo hasta la convocatoria de nuevas elecciones. En referencia a la introducción de la ultraderecha en el Ejecutivo, Saukkonen cree que están destruyendo la capacidad del país para competir a nivel global. «Si Finlandia sigue por este camino, el daño no será solo para las y los inmigrantes, sino para toda la sociedad. Los servicios colapsarán, la economía se debilitará y el país, en lugar de ser una tierra de oportunidades, se convertirá en una tierra de exclusión. Jamás hemos sido una cosa así».